El régimen sandinista ha tejido un denso entramado de políticas migratorias y operaciones clandestinas a gran escala para invisibilizar la migración irregular por el país. El sistema le permitió ganar casi 50 millones de dólares el año pasado, a través del cobro a los migrantes que llegan por tierra, mar y aire.
Marlon Tenorio lo picó un alacrán en Colombia, lo mordió una víbora en El Darién y lo magulló un becerro en Costa Rica. Oriundo de Caracas, Venezuela, sufrió frío, pasó hambre, sintió miedo y soportó dolor en su larga ruta irregular a pie desde Colombia a Estados Unidos. Sin embargo, lo que más dice haber sentido es la doble “mordida” policial que sufrió a su paso por Nicaragua, en febrero pasado.
Junto a su cuñado Ramiro, Marlon respiró con tranquilidad una vez que pisó suelo hondureño en El Paraíso, a 11 kilómetros del puesto migratorio nicaragüense Las Manos, el pasado 21 de febrero. Tuvieron que pagar 150 dólares cada uno a los policías para que los dejaran cruzar a Honduras. En todo el trayecto por Nicaragua fueron guiados por un funcionario de civil que los acompañó desde San Carlos, cabecera municipal de Río San Juan, en la frontera sur con Costa Rica.
“Ni cuando me picó la culebra me dolió tanto como me mordieron los policías en Nicaragua, pana. Me mordieron al entrar y al salir… ¡600 dólares, papá! Pero no había otra, si no pagaba me llevaban al bote y de vuelta a la frontera tica”, dice Tenorio, entrevistado para esta investigación en un hostal de El Paraíso, Honduras.
El venezolano de 36 años y su cuñado de 18 eran parte de un grupo de migrantes sudamericanos que salió de Armenia, Colombia, y atravesó el Darién, en Panamá; llegaron a Paso Canoas en Costa Rica y de ahí a Las Tablillas, en la frontera sur de Nicaragua, por donde entraron al país.
Ellos son parte de los casi 400 mil migrantes que cruzaron por tierra los dos principales pasos fronterizos del sur del país en 2023, según un informe de la OIM. Lo hicieron ayudados por una logística que posibilita trasladar la masa de viajantes desde Costa Rica a Honduras sin que quede registro de su paso por Nicaragua, según encontró este trabajo de Centroamérica 360 y CONNECTAS.
De Nicaragua no hay datos oficiales sobre la cifra de migrantes que transitan. El país es una especie de Triángulo de las Bermudas de la migración: no hay huellas ni registros públicos de ello. Pero sí de las ganancias que dejan los viajeros a su paso por allí. Porque, en Nicaragua, el “coyote” es directamente el Estado.
Solo en 2023, el Gobierno nicaragüense obtuvo ingresos por 47.5 millones de dólares (1.664 millones de córdobas) por las “multas” que les cobra a los migrantes, según los registros que constan en el último Informe de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. A la vez, recaudó otros 1.2 millones de dólares del impuesto por derecho de terminal aérea en 2023, que deben pagar los que llegan en avión a Managua para seguir luego por tierra rumbo a Estados Unidos.
A pesar de su nula transparencia, hay algunos datos que permiten evidenciar el crecimiento exponencial del flujo migratorio por Nicaragua. Más de 628,600 personas pasaron por el país entre 2022 y gran parte de 2023, según los datos del investigador Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano en Estados Unidos.
Para Orozco, la situación se tornó más evidente desde fines de 2023 con la llegada diaria de hasta 50 vuelos charter semanales llenos de migrantes, muchos de los cuales no abandonan el país por medios legales, sino por puestos fronterizos terrestres hacia Honduras. “Es el mayor flujo de personas irregulares que ningún estado de América maneja como negocio, que compite o supera en recursos y logística al crimen organizado a nivel mundial”, agregó Orozco.
Para este trabajo se investigó cómo opera este sistema logístico que asiste a los migrantes en las tres rutas que pasan por Nicaragua: la terrestre, la marítima y la aérea.
Además, se entrevistó a coyotes que operan tanto en el sur como en el norte del país, a expertos independientes y a funcionarios de organismos de la sociedad civil que atienden el flujo migratorio procedente de Panamá.
Desde que tomaron la decisión de salir de Venezuela, Marlon Tenorio y su cuñado establecieron una cadena de contactos por países. Todo inició en Colombia: el contacto colombiano los enlazó con el guía panameño para atravesar el Darién y una vez en Panamá, los contactó un enlace costarricense.
La cadena de contactos se rompió en Nicaragua y Honduras, donde los migrantes deben orientarse por sí mismos y por la experiencia transmitida por otros viajeros antes de ellos. Los contactos se reactivan al llegar a Guatemala, para ingresar a México y llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
En Nicaragua, si bien no hay un contacto esperándolos, los coyotes costarricenses que sirven de enlace les dan consejos: “Lleven menudo (billetes pequeños en dólares) para pagar la multa de ingreso y obedezcan las instrucciones”.
Ellos les explican qué tienen que hacer para lograr la “colaboración” de las autoridades nicaragüenses desde que entran al país por “la Trocha”, un desvío rural unos 900 metros antes de llegar al puesto migratorio oficial de Costa Rica. Se trata de un camino de lodo y barro muy pegajoso que atraviesa la frontera por la zona de Las Tablillas, en el cantón Los Chiles.
Pero el viaje de los migrantes a Nicaragua empieza antes, en la frontera de Costa Rica con Panamá. Allí, en Paso Canoas, el Gobierno tico los monta en buses de la compañía Transportes Costarricenses Panameños (Tracopa) hasta Las Tablillas (límite con Nicaragua). El pasaje les cuesta entre 15,000 y 20,000 colones (30 a 40 dólares), según la ruta asignada por el área de Migración de Costa Rica.
Migrantes irregulares provenientes del sur llegan a Las Tablillas, Costa Rica, para cruzar por punto ciego a Nicaragua.
En Las Tablillas, del lado nicaragüense, los migrantes abordan microbuses o taxis privados que los trasladan por 12 kilómetros hasta llegar a la rotonda La Argentina, situada entre los poblados de La Pradera y La Culebra, donde toman los buses de una empresa privada coordinada por el gobierno de Nicaragua para trasladarlos a la frontera con Honduras.
Esta es La Trocha, el paso ciego ubicado en Las Tablillas que los migrantes irregulares provenientes del sur transitan para cruzar de Costa Rica a Nicaragua.
En un momento del recorrido, los migrantes interrumpen su camino por La Trocha para ingerir alimentos o quitar el lodo de sus zapatos.
Coordinada con la OIM y ACNUR, Panamá y Costa Rica tienen una logística común de apoyo a los migrantes: los mandan en grupos a sus fronteras y luego el país receptor los entrega al siguiente. Pero en Nicaragua este mecanismo se rompe: aunque interviene el Estado, se trata de un negocio particular de funcionarios públicos y personas vinculadas al partido gobernante.
Daguer Hernández, ex subdirector de Migración costarricense y abogado especialista en el tema, cuenta que Costa Rica mantiene “un acuerdo verbal, no formal” con Nicaragua, aclarando que esto no puede ser verificado (“en el sentido que yo haya recibido esa información o visto directamente”, dice).
Detalla que, por ejemplo, cuando Panamá “entregaba” a Costa Rica 100 migrantes provenientes del Darién, Migración tica comunicaba a Nicaragua la cantidad y esperaba una autorización para trasladarlos a Las Tablillas. Ese proceso se llamó “flujo controlado”. Esto empezó tras la apertura nicaragüense a los migrantes en 2016, un año después de que el régimen sandinista cerrara sus fronteras a unos 3,000 migrantes cubanos que querían entrar desde Costa Rica.
Centroamérica 360 y CONNECTAS solicitaron en dos ocasiones información oficial a Cancillería de Costa Rica sobre el acuerdo bilateral en materia de migración, pero no hubo respuesta.
Para agosto de 2020, Nicaragua reformó su Ley General de Migración y Extranjería y estableció un arancel de 150 dólares por “ingreso y salida por puesto fronterizo no habilitado”, que cada migrante debía pagar al Ejército o a Migración al cruzar la frontera. A esa reforma, los migrantes la reconocen como “el pago por el salvoconducto”. Sin embargo, nadie les da un documento o un recibo que lo certifique.
Así lo confirmó “Lucinda”, una migrante venezolana de 43 años, mientras hacía estación en Paso Canoas para checarse la presión arterial en un puesto voluntario de médicos. Obesa y con el rostro rojizo por el sol del trópico centroamericano, la mujer contó que durante todo el viaje a través de la selva panameña ella envolvió el dinero en bolsas plásticas junto a documentos de identidad que ató a la cintura con un fajón de nylon. “Mi hermano nos dijo que escondiéramos bien la plata porque sin eso no entramos a Nicaragua, nos estancaríamos en Costa Rica”, dijo.
El pago es cobrado principalmente por militares nicaragüenses que, por ley, tienen a su cargo la seguridad fronteriza y patrullan los puntos ciegos y vulnerables de la frontera con Costa Rica, según explicó Félix Ríos, promotor de la ONG Centro de Derechos Sociales del Migrante (Cenderos). Sin ese tributo, nadie ingresa al territorio por los pasos no habilitados. Quienes quieran burlar el sistema, arriesgan la vida o quedan a expensas de la Policía Nacional, que les cobra en las ciudades y municipios el impuesto, explica por su lado el abogado Hernández.
Hernández confirma que los uniformados en Nicaragua no emiten recibo del arancel, pero organizan el traslado de Las Tablillas a una estación de transporte a pocos kilómetros de la frontera. “Quien no paga, lo devuelven a la frontera a Costa Rica o lo pueden meter a la cárcel”, relata el abogado, quien recibió información sobre personas que hasta sufrieron golpizas al ser descubiertas ingresando al margen del esquema establecido.
“A los golpeados les decían que no dijeran que el Ejército o la Policía los golpeaba, que dijeran que los asaltaron en Managua”, cuenta Hernández, quien recuerda el caso de una señora que confesó que, producto de la golpiza de policías, terminó con una pierna lesionada.
El venezolano Marlon Tenorio aseguró que no vio nada de eso, pero que sí estaba advertido de que si no pagaba a los guardias de la frontera en Nicaragua, “me podían echar preso o deportarme”.
Félix Ríos, de Cenderos, está de acuerdo en la teoría de que Costa Rica colabora con Nicaragua “para invisibilizar el fenómeno de la migración”. Según sus investigaciones en la zona, el gobierno tico registra los datos de los migrantes cuando entran de Panamá solo para efectos de control y estadísticas.
Ahí es donde las agencias de apoyo a los migrantes logran acceder a ellos para aconsejarlos, brindarles alguna asistencia humanitaria y garantizar que no les sean violados sus derechos humanos. Luego, la migración costarricense ordena su traslado a la frontera con Nicaragua, en el mencionado sitio de “la Trocha”.
“Los datos de migrantes que nosotros recogemos son porque los reportan las autoridades de Panamá, Costa Rica, Honduras y agencias como ACNUR y OIM. Pero a Nicaragua no sabemos en realidad cuántos migrantes llegan, solo que les cobran 150 dólares. Y a veces 300, porque les pueden cobrar dos veces y los vigilan hasta las fronteras del norte”, dijo Ríos.
Los testimonios que han dado a Cenderos los migrantes que han sido víctimas del “salvoconducto” de policías y militares nicaragüenses le han permitido al director de la ONG darse una idea de las irregularidades del sistema de migración nicaragüense. “Luego de salir de Costa Rica, los migrantes se ven expuestos a una especie de crimen organizado que está coludido por el Gobierno y que, en su mayoría, son transportistas autorizados por las alcaldías en Nicaragua”, relata Ríos.
Los transportistas los trasladan de Las Tablillas hasta los puestos fronterizos de Las Manos y El Espino, frontera con Honduras, en un recorrido de aproximadamente 400 kilómetros que está plagado de “mordidas”.
Cuando los migrantes irregulares entran a Nicaragua, son recibidos por policías y militares que primero les cobran y luego los registran. Después los dirigen a transportistas privados que los trasladan del punto fronterizo a la rotonda La Argentina, en la comunidad del mismo nombre, ubicada cerca de San Carlos, Río San Juan. Son taxis y microbuses de 15 pasajeros que hacen un recorrido de al menos 12 kilómetros desde la frontera para entregarlos en la terminal de buses. El pasaje de este primer recorrido cuesta 10 dólares y uno extra por maleta.
Estos transportistas se registran ante la alcaldía de San Carlos, en poder del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, según un colaborador de la municipalidad sancarleña que solicitó su anonimato por seguridad.
Una vez a bordo de los buses interdepartamentales, los migrantes inician el recorrido de 10 a 12 horas promedio para cruzar el país de frontera a frontera, evitando detenerse o atravesar las principales ciudades. El costo oscila entre los 30 y 40 dólares por persona y se cobra en efectivo.
En uno de los puestos fronterizos del norte de Nicaragua, del lado de Honduras, un exfuncionario público nicaragüense, ahora dedicado al tráfico de migrantes, habló en condición de confidencialidad. Según dijo, las personas autorizadas a “garantizar la migración fuera de los canales oficiales” deben notificar “sus operaciones” a las autoridades locales, policiales, migratorias o militares de la zona. Esto indica que no existen coyotes fuera del sistema oficial. Y ellos cobran más a los migrantes, porque aparte de estar obligados a reportar los 150 dólares, deben recibir además su “comisión por servicio”: otros 150.
El exfuncionario sandinista convertido en coyote asegura que hay migrantes que no llegan directo de Las Tablillas o Peñas Blancas (puesto fronterizo con Costa Rica), sino que ingresan a Nicaragua desde el Lago Cocibolca o por los ríos afluentes del río San Juan. Y en la frontera con Honduras, “buscan hoteles o lugares donde dormir y es donde usualmente los captamos”, confesó en Paraíso, Honduras, adonde llevó a un grupo de 16 migrantes de Ecuador, China y Cuba.
También contó que, una vez detectados, los migrantes son visitados por los “autorizados” para advertirles que no intenten cruzar sin guía a Honduras o corren el riesgo de ser apresados, asaltados o deportados a Costa Rica (o a sus países de origen).
Precisamente fue en Paraíso donde Tenorio denunció que le volvieron a cobrar 300 dólares por él y su cuñado para permitirles cruzar a Honduras. “Nosotros les dijimos que ya habíamos pagado, pero nos amenazaron con echarnos presos o mandarnos a Las Tablillas. No nos quedó más que dar el dinero”, se quejó.
“En muchos casos nosotros los llevamos a los puestos migratorios regulares de Honduras para que se registren y paguen los salvoconductos de ese país (otro arancel irregular que les cobran del lado hondureño). O, si ellos no quieren pagarlos, los acompañamos a cierto punto de la frontera cerca de los puntos ciegos y se van por su cuenta”, explicó el coyote.
Durante su relato, el hombre se refirió a otra de las rutas que utilizan los migrantes para cruzar por Nicaragua: la marítima, vía Isla San Andrés, en el Caribe.
Bluefields es una pintoresca ciudad ubicada frente al mar, a 365 kilómetros de Managua. Es la bulliciosa capital de la Región Autónoma del Caribe Sur y el principal puerto marítimo de Nicaragua en el Caribe. Por años fue una de las principales rutas de trasiego marítimo de drogas de Colombia a Nicaragua, detrás de Bilwi, la capital del Caribe Norte.
Hoy, burlando la férrea censura del gobierno sandinista, ha empezado a circular entre la población local un nuevo tipo de tráfico: los migrantes que llegan en lanchas.
Desde 2022 ha aumentado la presencia furtiva de extranjeros que vienen del mar y a los pocos días, desaparecen. “En su mayoría son venezolanos, cubanos y colombianos, pero también han pasado chinos, rusos y gente árabe”, dice una investigadora social en retiro que, por presiones políticas y amenazas del sandinismo, lleva una vida de bajo perfil en una pequeña comunidad de Bluefields.
La versión popular que ha llegado a sus oídos es que son migrantes que parten de la isla colombiana San Andrés, a 381 kilómetros de la costa nicaragüense, en lanchas rápidas hasta el límite de la frontera marítima con Nicaragua.
Migrantes haitianos, cubanos y venezolanos usan las lanchas turísticas y otras embarcaciones para trasladarse desde la isla de San Andrés, Colombia, hasta Bluefields, Nicaragua. Cortesía
Las costas del sector Este de la isla de San Andrés, Colombia, son el punto de partida de los migrantes que usan la ruta marítima hacia Nicaragua y, luego, por tierra, dirigirse a los Estados Unidos. Cortesía
Migrantes de diversas nacionalidades se adentran en el mar de la isla de San Andrés para abordar una lancha que los trasladará hasta Bluefields, Nicaragua. Los dueños de estas embarcaciones han abandonado la pesca artesanal y el servicio a turistas para trasladar migrantes en su ruta a los Estados Unidos porque le es más rentable. Cortesía
La información recopilada por la investigadora apunta a que una flota de barcos de propiedad privada recibe autorización de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) y de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua para zarpar y atracar con fines de pesca industrial. Los botes recogen en altamar a los migrantes, los trasladan a Corn Island (a 38 millas náuticas de Bluff, el puerto nicaragüense administrado por la EPN) y regresan a San Andrés, mientras los migrantes viajan hasta Bluefields en barcos mercantes, el ferry estatal o pangas y pequeños yates turísticos.
A ella le han detallado sus fuentes que al desembarcar los reciben funcionarios de Migración, de la EPN, militares y funcionarios del Instituto de Turismo, quienes les venden una tarjeta de turismo de 20 dólares y luego los guían a hostales y pequeños hoteles. En algunos casos, permanecen con vigilancia policial y en otros, con guías turísticos y agentes migratorios de civil.
Allí duran poco, menos de 24 horas, antes de abordar buses privados sin placas que los trasladan al interior del país en un largo viaje de más de 500 kilómetros, que parte de Bluefields al pueblo de Nueva Guinea; y de ahí por Chontales hasta Las Manos, en la frontera con Honduras.
La Procuraduría General de Colombia detectó varias rutas de la migración irregular a Nicaragua a través de vuelos procedentes de Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá rumbo a San Andrés, donde los migrantes emprenden la travesía por mar abierto para evitar El Darién. Estos son ofrecidos como “paquetes turísticos”.
Esta ruta, incluso, ya despertó la alerta de Estados Unidos, cuyo Gobierno empezó a tomar medidas para frenar el tráfico de migrantes por mar. El pasado 6 de mayo, el Departamento de Estado ordenó restricciones de visado a ejecutivos de empresas colombianas de transporte marítimo “que facilitaban la migración irregular”.
Las restricciones de visado a Estados Unidos que anunció el Departamento de Estado también incluyen a personas que gestionan “vuelos chárter que llegaban a Nicaragua”. Es que, desde 2019, el país ha sido centro de un lucrativo negocio relacionado con el tráfico de migrantes a través de su aeropuerto internacional Augusto C. Sandino.
La conexión aérea, la tercera ruta con la que el “Estado coyote” gestiona la migración irregular, se ha convertido en una vía clave para miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos desde países como Cuba, Haití y naciones africanas, utilizando a Nicaragua como una suerte de “trampolín”.
Migrantes africanos y haitianos salen de la terminal aérea internacional de Managua, a tomar diversos transportes terrestres que los conducirán a la frontera con Honduras, desde donde proseguirán su viaje a los Estados Unidos.
Los migrantes irregulares que entraron por el Aeropuerto Internacional de Managua, esperan ser recogidos por buses y taxis que integran la logística de transporte que funcionarios del gobierno de Nicaragua han dispuesto.
Migrantes africanos y asiáticos hacen fila en una de las entradas a la terminal aérea internacional de Madrid, España, para abordar un vuelo charter que los trasladará hasta Managua.
De acuerdo con las cifras relevadas por Manuel Orozco, en 2022 entraron al país por la terminal aérea 634,800 pasajeros, pero solo 312,400 (poco menos de la mitad) salieron por aire, por lo que se presume que los otros 322,400 siguieron por tierra su viaje hacia Estados Unidos.
El año pasado, entre enero y noviembre, 791,100 personas habían entrado el aeropuerto de Managua, pero solo 517,700 salieron en avión; por lo que 273,400 se habrían ido por tierra hacia el norte.
El negocio de la ruta migrante aérea por Nicaragua inició el 23 de enero de 2019, cuando el gobierno de Daniel Ortega flexibilizó las condiciones para otorgar visas de turistas a los cubanos. La versión oficial fue que así los atraería para conocer las bellezas de las 21 estructuras volcánicas de Nicaragua.
La gestión es similar que en Las Tablillas: todos deben pagar 150 dólares por “salvoconducto” y luego costear el boleto del autobús o transporte autorizado hacia la frontera de Honduras, desde donde continúan su travesía hacia Estados Unidos. Nadie recibe sellos en sus pasaportes o recibos por los trámites.
Así lo relató Luis Arnaldo, un taxista de La Habana entrevistado para este reportaje en Paraíso, Honduras. Él llegó a Managua en un vuelo de Conviasa, la aerolínea estatal venezolana. Narró que, pese a pagar el boleto aéreo, ingresar por el aeropuerto internacional, abonar tarjeta de turismo y usar los servicios de transporte autorizados, le cobraron 150 dólares de “salvoconducto” para permitirle trasladarse a la frontera norte y salir por punto ciego o por los puestos migratorios, según la posibilidad de cada migrante.
Este fue su primer viaje fuera de la Isla y su meta era llegar a Miami (donde residen un primo y una tía), trabajar y ahorrar para lograr sacar a su esposa y dos hijos de Cuba. “Mi hermano nos prestó la plata, ya todo el que sale de la isla sabe los costos y los riesgos, no hay sorpresas. Es caro, pero creo que vale la pena, allá no tenemos futuro”, dijo.
Actualmente, Conviasa realiza vuelos de Managua a La Habana los lunes, miércoles, jueves y sábado, pero desde el 5 de mayo de 2024 abrió una nueva ruta Caracas-La Habana-Managua los martes y domingos.
Lleguen por mar, tierra o aire, los migrantes que cruzan Nicaragua continúan utilizando este sistema logístico que funcionarios públicos e individuos vinculados al partido de gobierno han dispuesto para “apoyarlos” en su viaje a los Estados Unidos.
La señal más clara de que este sistema es coordinado por funcionarios públicos la dio el propio Daniel Ortega, durante su discurso el 9 de enero del 2023, para instalar oficialmente el período legislativo de ese año. Ese día señaló que su viceministro del Interior, Luis Cañas Novoa, no duerme por estar controlando las fronteras. “Aquí tenemos al compañero Luis Cañas, que no lo dejamos dormir. Tiene que estar pendiente del tráfico terrestre, del tráfico aéreo, de la gente que entra por pasos ciegos; bueno, lleva una tarea realmente de tiempo completo, él ahí está”, aseguró el líder sandinista.
Su papel, clave en la supervisión de la migración irregular, le valió el ascenso a comisionado general de la Policía a fines del año pasado, el 27 de diciembre de 2023, mediante la conversión del Ministerio de Gobernación a Ministerio del Interior. Esa ley incorporó los servicios civiles de migración como parte de la estructura formal de la Policía Nacional.
Y así se convirtió en el hombre clave en el negocio de los migrantes. Igual que garantiza el tráfico irregular, impide la salida o ingreso de nicaragüenses considerados opositores; confisca o anula pasaportes y gestiona el destierro de los adversarios del régimen.
Así lo denunció el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Mcfields en su cuenta de X cuando supo del ascenso de Cañas a comisionado general: “Luis Cañas, el hombre que confisca pasaportes y llama a las líneas aéreas para negar el ingreso de nicaragüenses a su patria, hoy fue premiado por Ortega”.
Para este reportaje, se solicitó la versión del comisionado Cañas en repetidas ocasiones, pero no hubo respuesta.
Mientras tanto, bajo el velo del secretismo estatal nicaragüense, continúa operando el complejo sistema logístico de movilización de migrantes por Nicaragua. Pero más que una gestión humanitaria, la labor del Estado “coyote” resulta una forma de aprovecharse del drama de quienes tuvieron que partir de sus tierras en busca de oportunidades. Las ‘mordidas’ que recibieron Tenorio y otros migrantes consultados por este reportaje son prueba de ello.